Redadas antipiratería que acaban en vía muerta

Recientes golpes policiales contra la fabricación y distribución de 'chips' resucitan el debate sobre la legalidad o no de modificar una consola comprada, mientras se van archivando una a una las causas contra tiendas que venden estos dispositivos.

Esta misma semana se anunciaba una 'macrorredada' contra 22 tiendas por varias provincias (inspecciones e incautaciones de material, no de documentación, para lo que no es necesario orden judicial, según fuentes policiales) y dos sedes de franquicias en Madrid y Salamanca (con órdenes judiciales correspondientes), a raíz de una denuncia de Nintendo y la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP).

Además, hace apenas dos meses, la propia Nintendo anunció otra redada contra establecimientos que vendían tarjetas 'M3 DS Real' para la consola DS y DS Lite, que son básicamente tarjetas de memoria con un puerto capaz de conectarse a la consola, de manera que pueden cargar juegos descargados de la Red y otro tipo de aplicaciones.

¿Cuáles son las consecuencias de todas estas actuaciones policiales? Hace ya más de un año, la Audiencia de Valencia desestimó un recurso contra el archivo de una causa presentada por la industria del videojuego contra una tienda por poseer consolas modificadas y 'chips' para modificarlas. A partir de ahí, varios casos han seguido el mismo camino.

Interpretaciones diversas

Los argumentos presentados entonces fueron muy contundentes: para ser ilegal, el 'chip' tiene que tener la finalidad "específica" de eliminar las protecciones que impiden jugar con copias 'pirata' de videojuegos. Sin embargo, el juez argumentó que dichos dispositivos "también permiten la ejecución de juegos originales de otras zonas, o convertir la consola en un ordenador personal apto para realizar tareas absolutamente legítimas", tal y como recoge el auto.

Fuentes de la Policía comentaron que "existen muchas sentencias en sentido contrario", como una reciente resolución de la Audiencia de Zaragoza en el que se ordena la reapertura de un caso de 'pirateo' de consolas archivado. Otra sentencia de la Audiencia de Madrid de 2001 condenaba a los responsables de la tienda BYB Informática por un caso similar (aunque en este caso la tienda vendía copias ilegales de videojuegos).

Sin embargo, fuentes jurídicas informan del archivo de hasta cuatro casos similares en juzgados de Valencia, Lugo, Las Palmas y Barcelona en el último mes, y en todos estos casos los argumentos son calcados a los del auto de la Audiencia de Valencia: no se puede demostrar que los dispositivos sean utilizados "específicamente" para el 'pirateo'.

Redadas

Con estas consecuencias, ¿merece la pena la vía policial? Carlos Sánchez Almeida, experto jurista y autor del Abogado del Navegante, es rotundamente contrario. "¿No sería mejor dedicar los esfuerzos policiales a luchar contra delitos más graves, en lugar de actuar contra comportamientos que, según insisten varios jueces, no constituyen delito?", se pregunta, y cree que quienes se benefician de todas estas operaciones no son las compañías, sino los abogados.

La industria defiende estas actuaciones en tanto en cuanto asegura que estos dispositivos se usan para 'piratear' contenidos y, además, pueden vulnerar su propiedad industrial. Es decir, tratan de hacer prosperar sus denuncias por vulneración de la propiedad intelectual incidiendo también en sus patentes, "dos delitos que concurren perfectamente, y que podría eliminar en estos casos el resquicio legal que permite que las causas no prosperen", asegura José Manuel Tourné, presidente de la FAP.

Fuentes policiales recuerdan que, en el caso de los cartuchos de Nintendo, por ejemplo, existe una protección sobre su patente que incluye la propia forma del dispositivo o su manera de conectarse (aunque hay discrepancias en torno a este asunto), aparte de la protección intelectual de la propia marca en el 'software' que contiene. Curiosamente, la compañía afronta una condena por abuso de posición dominante en la UE (recurrido), básicamente por el hecho de la existencia de productos exclusivos por zonas e impedir la existencia de un comercio paralelo.

Tourné recuerda las sentencias favorables contra el 'chipeo' de consolas y afirma que "es lamentable que no exista una unidad de criterio en los tribunales sobre la interpretación del artículo 270 del Código Penal, concretamente sobre el adverbio 'específicamente'".