El cierre de Google News y la libertad de información en España

La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual se ha cobrado, antes de entrar en vigor, su primera víctima en España: Google ha anunciado el cierre en nuestro país de su popular servicio Google Noticias. Habrá muchas más víctimas: la batería de medidas que entrarán en vigor en enero pone la internet española en un estado de excepción permanente.

Como en los tiempos oscuros en los que nuestros padres y abuelos tenían que informarse de lo que ocurría en nuestro país mediante Radio España Independiente, 'la Pirenaica', a partir del 16 de diciembre los ciudadanos españoles tendrán que acudir a la prensa internacional para informarse de las próximas medidas liberticidas del Gobierno. Por obra y gracia de unos gobernantes ajenos a la realidad, España se convierte en un gueto informacional.

La Ley de Propiedad Intelectual establece un canon irrenunciable a favor de los editores de prensa, que podrán cobrar de aquellos que les enlacen, aunque sean servicios que, como en el caso de Google News, no tienen publicidad. La aparición sorpresiva de este canon durante la tramitación parlamentaria del proyecto coincidió en el tiempo con la decapitación de tres cabeceras de prensa que por aquel entonces todavía eran críticas con el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que provoca la legítima sospecha de estar ante una medida encaminada a obtener la docilidad de los periódicos ante los próximos retos electorales que debe afrontar el ejecutivo.

Además de condenar al cierre -o la emigración a otros países- a los agregadores de contenidos como Google News o Menéame, la Ley de Propiedad Intelectual refuerza el control administrativo de la internet española, dotando de medios exorbitantes a una Comisión dependiente del Ministerio de Cultura, que podrá acordar el cierre de webs de enlaces, la incautación de sus dominios .es, y ordenar que dejen de prestarles servicios de alojamiento, publicidad y medios de pago, mediante multas de hasta 600.000 euros.

La Ley de Propiedad Intelectual no viene sola: es acompañada por reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza), del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limitan seriamente los derechos de libertad de información, manifestación e intimidad de los ciudadanos: la última medida conocida es que la policía podrá interceptar comunicaciones antes de informar al juez, además de instalar programas espía e incluso utilizar agentes encubiertos que compartan archivos ilícitos.

Desde la aprobación de la Constitución, hace 36 años, nuestros derechos fundamentales no habían sufrido un acoso semejante por parte del poder político. Con el cierre de Google News es de esperar que el escándalo internacional se multiplique, y se conozca en todo el mundo el delicado estado de la libertad de información en España, pero los efectos a corto plazo pueden ser devastadores.

Las empresas de medios que han apostado por el canon AEDE se equivocan: a la larga sus cuentas de resultados se van a resentir de la pérdida de posicionamiento en Google. Y se equivocan por no haber escuchado a sus periodistas, que saben perfectamente que en la economía de la atención es fundamental contar con el apoyo de los lectores. Un apoyo que se está perdiendo desde hace tiempo en ventas en kioskos, y que se va a perder en clicks, en visitas y por supuesto, en financiación publicitaria. Pero sobre todo se va a perder credibilidad, porque la labor de la prensa es vigilar al poder, no sostenerlo.

Carlos Sánchez Almeida es abogado y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Artículo publicado originalmente en Jaque Perpetuo