"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través del Ministerio de Educación y Cultura, ponga en marcha las actuaciones pertinentes a fin de que los sectores que intervienen en la gestión, distribución y producción de contenidos en Internet, así como los usuarios, se comprometan voluntariamente a respetar los derechos humanos básicos y los derechos que las normas nacionales, comunitarias e internacionales conceden a los menores, para lo que se recomienda la suscripción de un Convenio de Autorregulación, de estructura similar al que en su día se firmó para los contenidos televisivos, que subscribirían todas las partes concernidas".
Desde hace algún tiempo, muchos gobiernos, al ver que un intento
de censura directa por su parte era un ataque directo a los derechos de
los usuarios de Internet, y por tanto eran medidas destinadas a fracasar,
han recurrido al término "autorregulación" para tratar de
establecer la censura de una forma más solapada. De esta manera,
se "privatiza" la censura, y se traslada la responsabilidad del control
de Internet, con la amenaza de penalizaciones, a otros sectores. La elección
lógica, que no justa, es responsabilizar a los Proveedores de Acceso
a Internet, asignándoles así una responsabilidad por una
información que ellos no generan, sino que se limitan a transmitir
de
un sitio a otro.
En este caso en concreto, además, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular obvia ciertos conceptos y demuestra una visión poco clara de la realidad de Internet:
a) Se habla en el texto de "los sectores que intervienen en la gestión, distribución y producción de contenidos en Internet, así como los usuarios", ignorando que los usuarios son receptores de contenidos y la mayoría de las veces productores de éstos al mismo tiempo.
b) Se pretende trasladar directamente a Internet un sistema de regulación procedente de un medio absolutamente opuesto, la TV. Mientras que la TV es un sistema en el que hay un único emisor y multitud de receptores, como hemos dicho antes en Internet todos pueden ser emisores y receptores.
c) Normalmente, los códigos de regulación televisiva se basan en emitir contenidos no aptos para menores en determinadas franjas horarias. Sin embargo, Internet no es un medio con horarios, y no puede regularse de esta manera.
Queremos destacar también que con una propuesta así, se confunden además dos conceptos: nocivo e ilegal. Un contenido ilegal es aquel prohibido por la ley, como es el caso de la pornografía infantil o la apología del terrorismo. Y por otro lado, un contenido nocivo es aquel que no es apto para menores, pero cuya publicación es perfectamente legal, como es el caso de la pornografía entre adultos, que aunque algunas personas la consideren moralmente reprobable y otras no, en ambos casos su publicación es legal. Con este sistema de autorregulación, todo lo nocivo se consideraría automáticamente ilegal, creando así una Internet en la que los ciudadanos no gozan de los mismos derechos que en el mundo real.
Finalmente, el texto sorprende por la poca concreción. ¿Qué medidas se van a proponer para proteger a los menores? Como que la comparación con la televisión, por los puntos antes expresados, es básicamente inútil, imaginamos que la comisión deberá proponer otro tipo de medidas.
Como esta propuesta del PP está sospechosamente similar en el tiempo con unas detalladas normas de autoregulación de la Unión Europea para controlar el contenido no apto para menores en la Red, mucho nos tenemos que las normas de control que se van a aprobar estarán en la misma línea que el documento europeo, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene potestad a la hora de legislar las telecomunicaciones y que una normativa para regular Internet a nivel puramente nacional es básicamente inútil.
¿Qué tipo de propuestas ha generado la Unión Europea? En síntesis, son formas de control de contenido que conducen rápidamente a formas de censura directa o indirecta y que, a fin de cuentas demuestran ser básicamente inútiles a la hora de impedir el acceso de menores a contenidos nocivos. De todas esas propuestas, el enemigo más insidioso son los filtros. La idea es simple: a traves de un sistema de reconocimiento de palabras clave o de etiquetas se filtra el acceso a aquellas páginas que no son aptas para menores.
Sin embargo, los sistemas de reconocimiento de palabras clave son demasiado
simplistas para ser útiles: por un lado se permite acceso a páginas
que no tengan ninguna de las palabras clave. Así, un menor puede
acceder tranquilamente a páginas pornográficas que estén
en alguna lengua exótica. Por otro lado, se impide acceso a páginas
perfectamente útiles y beneficiosas: un ejemplo claro son las páginas
de aficionados a la astronomía que son bloquedas porque contienen
la palabra "desnudo" en construcciones como "estrellas que se pueden ver
con el ojo desnudo". El uso de etiquetas también encierra graves
problemas: en primer lugar su uso está tan poco extendido que la
mayoría de la Internet sería inacesible con un sistema de
filtrado; en segundo lugar, las categorías oficiales
tipo "sexo, violencia", etc. son muy poco útiles para la mayoría
de sistemas. ¿Hay que considerar que una página explícita
que habla sobre SIDA no es apta para menores? ¿Y quién decide
eso?
Finalmente, cualquier sistema de filtrado, por muy bien que funcione, puede ser utilizado rápidamente como herramienta censora. Sólo es necesario que un gobierno decida que los filtros son obligatorios para todos los ciudadanos, en lugar de ser una opción para padres demasiado ocupados, como lo es ahora.
Se crearía así un sistema en el que los proveedores de
acceso se ven obligados a asumir unas funciones policiales que no les corresponden,
y en el que los usuarios españoles respetuosos con la ley tendrán
que controlar cuidadosamente todo lo que publican en Internet, obligando
a adultos a
hablar como menores y a publicar información sólo apta
para menores. Un extraño "jardín de infancia virtual" que
además, ni siquiera funcionaría. A pesar de que se pusiera
en vigor este código, los menores podrían seguir accediendo
libremente a servidores en el extranjero con información
nociva que no estarían sujetos a respetar el código.
En definitiva, un sistema que fracasaría en sus fines y sólo
conseguiría limitar los derechos de los ciudadanos. No deja de ser
así irónico que la proposición no de ley hable de
defender "derechos humanos básicos".
Desde FrEE, asumimos posiciones realistas. No ignoramos que en Internet
hay contenidos violentos o pornográficos que no son aptos para los
menores (si bien, son un porcentaje mínimo comparado con los terabytes
de información muy útil para ellos que hay disponibles: cultura,
museos, arte, juegos...). El que un menor, no preparado para ver ciertos
contenidos, acceda a ellos, es preocupante. Pero ni los códigos
de autorregulación, ni los sistemas de filtrado y etiquetado,
ni la censura pueden resolver el problema, y causan un grave daño
a los derechos de todos los usuarios de Internet. Es hora quizá
de dejar de adoptar posturas cómodas en la educación de nuestros
hijos, y en vez de confiar su cuidado a leyes o vigilantes electrónicos,
dedicar un tiempo a navegar con ellos y mostrarles la Internet que los
padres consideren que han de conocer.