«La policía desmantela una red pirata capaz de fabricar 60 millones de CD y DVD». Tal era el titular de El País, en su portada del pasado 21 de enero. En páginas interiores se informaba de la denominada Operación Town, presentada por el Ministro del Interior, Ángel Acebes, como la desarticulación de la mayor red europea de piratería musical y videográfica. Una mafia capaz, según fuentes policiales, de generar un fraude estimado en más de 600 millones de euros.
Parece que un reflejo políticamente correcto impidió en último término que la operación se denominase Chinatown, pero aún así, con una moderada dosis de xenofobia, la noticia abundaba sobre la condición de inmigrantes chinos de los detenidos. El lector, sin embargo, se quedaba sin saber cuál era la raza o procedencia geográfica de los compradores del material intervenido, dado que continúan en libertad.
Con noticias como la comentada nos desayunamos todos los días, y casi siempre en términos parecidos: los tópicos sobre la piratería digital son frecuentes. No tan frecuentes son reflexiones como la que el mismo día 21 de enero se hacía desde Financial Times, cuyo editorial sostenía que la mejor forma de batir a la piratería es ofrecer descargas legales atractivas, aprovechando las nuevas tecnologías, y no mediante intentos reaccionarios de frenar la revolución digital.
Los medios de comunicación españoles, en manos de grandes grupos multimedia, no tienen otro discurso que el de su propio lucro. No es de extrañar en consecuencia que incentiven, mediante el halago progubernamental, la política represiva en materia de propiedad intelectual. Una política represiva que no va a hacer sino incrementarse con la futura reforma del Código Penal, que entre otras perlas aumenta las penas por piratería e incluye entre sus supuestos la decodificación de señales de televisión de pago.
Para que exista oferta, primero debe existir demanda. Al igual que ocurre con la mafia de la droga, las mafias de la propiedad intelectual se fundamentan en el afán de consumo del público. Un público ansioso del nuevo panem et circenses, del nuevo opio, del nuevo soma en formato digital, mediante el que los globalizadores controlan este mundo infeliz, pero tan estúpido como el descrito por Huxley. Las similitudes entre uno y otro tráfico, entre una y otra mafia, no acaban ahí.
Ya desde hace años, la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cannabis (ARSEC) viene propugnando el autocultivo como alternativa al tráfico ilegal de hachís. Las mafias existen porque hay demanda: suprimida ésta, aquellas carecen de viabilidad económica. El «top manta» deja de tener interés monetario cuando el potencial comprador puede procurarse su música o películas de forma gratuita. Algo que los avances tecnológicos han puesto a disposición de cualquier ciudadano.
El artículo 31 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual establece que las obras ya divulgadas, excepción hecha de los programas de ordenador, pueden reproducirse libremente para uso privado del copista, siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa. Tal derecho de copia privada genera el derecho paralelo de los autores a cobrar una remuneración equitativa y única, cuyo pago se produce en el momento de comprar el equipo, aparato o material idóneo para la reproducción. Del mismo modo, el artículo 270 del Código Penal establece el ánimo de lucro como elemento subjetivo del tipo penal, de tal manera que las copias realizadas sin finalidad lucrativa son impunes.
En uso del derecho de copia privada, cualquier ciudadano puede instalarse en su ordenador el programa de libre uso DVDX 2.0, que permite descifrar los archivos de imagen y sonido incluidos en un DVD, generando archivos .AVI o .MPG, que a su vez permiten confeccionar VideoCD al módico precio de 30 céntimos. De tal forma, cualquier padre de familia puede conseguir para sus hijos, a un precio ínfimo, toda la colección de Clásicos de Disney, sin riesgo para la economía familiar. Programas como CD'n'Go, freeware de origen español, facilitan a cualquier usuario pasar a formato .MP3 la discografía completa de cualquier cantante. A todo ello pueden sumarse las posibilidades infinitas de compartir gratuitamente los frutos del autocultivo, favorecidas por el uso de Kazaa y Emule.
Como destacaba Financial Times, el futuro de la industria está en proporcionar a la gente la música que quiere escuchar y a precios razonables. Y esa música no puede ser el rock de la cárcel que machaconamente, como un disco rayado, tenemos que escuchar a diario en nuestros medios de comunicación. Estamos en el año 2003: llegó la hora de cambiar de canción.
Barcelona, 24 de enero de 2003